Política Pública para víctimas del conflicto armado
A través de la formulación e implementación de las políticas públicas se determinan las necesidades y problemáticas de la población en general o de un grupo específico y se establecen las acciones necesarias para garantizar la satisfacción de las mismas.
Así entonces, a causa del conflicto armado y la violencia un gran número de colombianos vieron afectados sus derechos humanos, y esto les conllevó enfrentar problemáticas y necesidades particulares; ante lo cual, el Estado se vio en la tarea de implementar acciones, estrategias y programas que contribuyeran a solucionar esta situación, a través de la implementación de políticas públicas que buscaban la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
Esta política pública tiene dos décadas en desarrollo, y el último gran hito lo constituye la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011 y los decretos con fuerza de Ley 4633, 4634 y 4635 y las normas complementarias, que reflejan la apuesta de Gobierno en un modelo de Justicia Transicional.
Es importante tener en cuenta que esta política en particular, como aquellas que focalizan población,
es multisectorial e implica la convergencia de muchas otras políticas con las cuales se atiende a las víctimas en el momento mismo de la emergencia (salud, educación, ayuda humanitaria) , en la garantía de derechos sociales para superar las vulnerabilidades que genera el desplazamiento forzado (generación de ingresos, vivienda, seguridad alimentaria), y en la reparación integral (Rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición, restitución de tierras, empleo rural y urbano, indemnización).
Igualmente, esta política pública contempla acciones de articulación para general procesos fundamentales para que los objetivos frente a contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se materialicen: i) información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas en todo momento, ii) retornos y reubicaciones (en el caso de desplazamiento forzado); iii) articulación entre los niveles de gobierno Nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional; iv) fortalecimiento de la participación de las víctimas y; v) la atención con enfoque diferencial (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y grupos étnicos).