¿Son vulnerables y pobres las víctimas de desplazamiento en Colombia?
El Departamento Nacional de Planeación –DNP- y la Unidad para las Víctimas firmaron el 7 de diciembre la Resolución Conjunta 01126, la cual establece los criterios por los cuales se entenderá que una víctima de desplazamiento ya ha superado la situación inicial de vulnerabilidad social y económica en la que se vio inmerso a causa de este delito. Recordemos que las consecuencias directas del desplazamiento forzado es que las víctimas pierden sus activos, capacidad económica y ven rotas sus redes sociales y culturales.
Desde 1995, el Estado Colombiano ha implementado de manera gradual acciones que buscan asistir económicamente a las personas desplazadas reconociendo que éstas, son los más vulnerables entre los vulnerables de país. Ahora, con este paso, se establecen claramente las condiciones mínimas que una persona desplazada debe alcanzar para que se entienda que el Estado ha logrado contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida y ha logrado estabilizarse luego de haber sufrido los vejámenes de la guerra.
En la actualidad, uno de cada 8 colombianos ha sido víctima de desplazamiento forzado, es decir el 12% de la población total del país ha sido desplazada por la violencia y el conflicto armado. Según la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos de víctimas de desplazamiento realizada por el DANE en el 2014, el 64 % de la población desplazada se encuentran en situación de pobreza (monetaria), el 33% en pobreza extrema, y el 81% no cuentan con una vivienda en condiciones dignas.
Aproximadamente el 52% de los hogares desplazados habitan viviendas en zona de riesgo, con hacinamiento, asentamientos ilegales, sin algún servicio público básico o con materiales inadecuados.
En Colombia, 13.834.000 de personas son pobres (28.7%) y 3.808.000 son consideradas pobres extremas (7.9%). Lo cual quiere decir que aproximadamente el 24.4% de los hogares pobres y el 45.1% de los hogares en pobreza extrema son víctimas de desplazamiento forzado.
Así entonces, el Gobierno Nacional se ha impuesto el reto de llevar a las víctimas de desplazamiento forzado más allá de la pobreza, buscando el restablecimiento de sus derechos perdidos. El objetivo es que las personas desplazadas accedan a oferta social en salud, educación, identificación, reunificación familiar, a una vivienda en condiciones dignas, a tener capacidades para generar ingresos suficientes y tener una alimentación adecuada.
Igualmente, desde el DNP se hizo un ejercicio técnico para la definición de un umbral mínimo que busca establecer si el nivel de ingreso que tiene el hogar le permite ya acceder a estos derechos, estimándose que un hogar desplazado de cuatro personas requiere aproximadamente $1.300.000 mensual para considerarse estable socioeconómicamente.
Estos criterios le permitirán al Gobierno conocer quiénes son las víctimas que tienen mayores necesidades, a quien dirigir primero la oferta social, y quiénes, por el contrario, se encuentran en una situación más estable y deben ser priorizadas en medidas de reparación como la indemnización administrativa. Con esto se busca garantizar que la oferta social se dirija hacia la población qua más lo necesita, y que las medidas de reparación como la indemnización sean utilizadas efectivamente como medida reparadora y no para satisfacer las necesidades básicas que se generan cuando las vulnerabilidades económicas son mayores.
Cifras de Víctimas de Desplazamiento Forzado en Colombia
Fuente: Registro Único de Víctimas 2015
Situación de la Población Desplazada en el País
*Fuente: DANE, 2014. Econometría, 2010. ENV, 2010 (Seguridad alimentaria e identificación)
En la medición de 2010 no se estimó el indicador de retornos y reubicaciones y el de generación de ingresos se calculó con una metodología diferente y no se publicó.
¿Cómo se construyó el umbral de ingresos para la superación de vulnerabilidad?
El ejercicio consistió en generar una variable indicadora de "condiciones adecuadas de vivienda" la cual se obtuvo incluyendo a la medición de vivienda usada en el cálculo de Índice de Pobreza Multidimensional -IPM, los conceptos de seguridad jurídica y ubicación, y que en el caso de servicios públicos energía eléctrica y recolección de basuras, los cuales no hacen parte inicialmente del IPM. Tomando como base 2 fuentes de información: la Encuesta de Calidad de Vida – ECV y la Prueba piloto de superación de vulnerabilidad – PSSV.
Se construyeron dos grupos, la población que tienen acceso a todos los componentes de la vivienda digna y la población que le falta algún componente, sobre cada uno se obtuvo su ingreso per cápita promedio y luego se halló la diferencia entre estos valores.
En ambas fuentes esta diferencia estuvo en favor de los hogares que contaban con una vivienda digna. En la ENCV la diferencia fue un valor equivalente a media línea de pobreza (aproximadamente $434.000 para un hogar de 4 personas), mientras que en la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos fue de 0.3 líneas (aproximadamente $260.000 para un hogar de 4 personas).
Ya que la ENCV cuenta con un mayor tamaño de muestra, se recomendó sumar esta diferencia al valor de ingresos básicos mínimos (línea de pobreza) dando como resultado un umbral de superación de la situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado de 1.5 líneas de pobreza (aproximadamente $1.300.000 para un hogar de 4 personas).
